El Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) comparteix al seu blog el comunicat dels presidents dels consells escolars autonòmics sol·licitant al Ministerio de Educación y Cultura que paralitzi les revàlides d’ESO i Batxillerat previstes per la Lomce.
Us el reproduïm a continuació:
COMUNICAT DELS PRESIDENTS ESCOLARS AUTONÒMICS
LOS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS ESCOLARES AUTONOMICOS
SOLICITAN AL MEC QUE PARALICE LAS REVALIDAS
A solicitud de las Presidencias de los Consejos Escolares Autonómicos y ante las reuniones mantenidas por el Ministro de Educación con los diferentes sectores que conforman el Consejo Escolar del Estado, se celebró ayer, 13 de octubre, una reunión destinada a sondear el estado de opinión de los distintos Consejos Escolares Autonómicos sobre las posibilidades y características que deberían abordarse en el Pacto Educativo que el Ministro -en funciones- quiere abordar. A la reunión asistieron 15 Presidencias, salvo la de Baleares -que justificó su ausencia- y la de Cataluña.
Presidida por el Secretario de Estado -Marcial Marín- por incompatibilidad de agenda del Sr. Ministro, abordó en primer lugar la excepcional e insólita circunstancia por la que atraviesa el Consejo Escolar del Estado que no cuenta con Presidencia, Vicepresidencia, ni Secretaría; circunstancias que al no estar previstas en su reglamento de funcionamiento propician que tanto la Comisión Permanente como la Junta de Participación Autonómica que integran el Consejo lleven 6 y 8 meses, respectivamente, sin celebrar reuniones.
Tras ello, pidió a las Presidencias que se pronunciasen sobre:
– Los contenidos que deberían incluirse en un futuro Pacto Educativo
– Quiénes se consideran agentes idóneos para abordarlo: ¿una subcomisión parlamentaria, el propio Consejo Escolar del Estado, …?
– Qué se precisaría para su desarrollo, y
– Lo realizado sobre el pacto educativo en las distintas autonomías, bien a nivel autonómico o estatal.
Desde el primer momento se puso de manifiesto por la mayoría de las Presidencias, que el tema del pacto educativo, aún siendo clave desde la constitución de la actual Junta de Participación Autonómica, debería relegarse ante la grave problemática que suscitan las evaluaciones de ESO y Bachillerato -“reválidas”- contempladas en la LOMCE.
Diez de las Presidencias asistentes (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, País Vasco, Navarra y Valencia) expresaron la incertidumbre e inquietud que cunde entre el profesorado, alumnado y familias del alumnado de Secundaria y Bachillerato, dado que a las fechas que nos encontramos, aún no se ha emitido la Orden que desarrolla el Real Decreto 310 que las regula y que el plazo para hacerlo finaliza el 30 de noviembre.
Ante esa situación, y sumándonos a peticiones similares procedentes de otros organismos integrantes del Consejo Escolar, se pidió al MEC que al objeto de tranquilizar a los sectores antes aludidos, arbitrase las medidas necesarias para el aplazamiento o suspensión de las citadas evaluaciones; más aún, cuando el Congreso de los Diputados se ha pronunciado favorablemente a la paralización de la LOMCE y cuando diversas Comunidades Autónomas han recurrido jurídicamente el Real Decreto.
Cinco Presidencias de Consejos Escolares no apoyaron estas peticiones (Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia) y se centraron, exclusivamente, en abordar cuestiones relacionadas con el Pacto Educativo.
Por parte del MEC, el Secretario de Estado rechazó la posibilidad de la suspensión, alegando razones legislativas y jurídicas, manteniendo que por ser aspectos contemplados en la Ley, precisarían de una modificación parlamentaria y no gubernativa de la misma. Alegando que las evaluaciones -“reválidas”- no tendrán efectos académicos, pedía calma y confiaba que en breve plazo (unas dos semanas) podría haber un gobierno que pudiese nombrar a la Presidencia del Consejo Escolar del Estado. A partir de ese momento y mediante trámite de urgencia, se podría emitir el dictamen prescriptivo -pero no vinculante- a la Orden que desarrolla el Decreto de Evaluaciones, con lo que se subsanaría el problema de los 293.000 alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato afectados.
Indicaba además, que gracias a los acuerdos establecidos con la Conferencia de Rectores de Universidades, a partir de diciembre, el alumnado y los centros escolares dispondrían de modelos y ejemplos para la prueba de acceso a la universidad.
En definitiva, vino a decir que la LOMCE, aun cuando es rechazada por la mayoría de los sectores educativos, sociales y políticos, hay que cumplirla.
En una encrucijada de este calibre nos parece fundamental destacar, una vez más, la necesidad de pactos educativos que proporcionen estabilidad al sistema, elaborados desde el diagnóstico concreto de comunidades con realidades y expectativas muy específicas, ampliamente articulado por todos los agentes educativos y sociales, construido desde el respecto y la transparencia, que haga posible la educación de calidad como derecho garantizado de todos los ciudadanos y ciudadanas.
