El Despido Colectivo de BANKIA, si no hay actuación por parte de nuestros representantes políticos o autoridades competentes, significará una nueva regresión que, en el caso de la plantilla de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, toma una magnitud que puede representar el despido de más de cien trabajadores (afectando a más de 100 familias) de la antigua plantilla de Sa Nostra.
Las continuadas reducciones de plantilla efectuadas a partir de la creación forzada del ineficaz BMN han derivado en una segregación irracional e injusta que se ha cebado sobre una plantilla modélica que, paradójicamente, siempre ha sabido responder profesionalmente a una presión salvaje de una dirección absolutamente perdida e incapaz de mantener el norte. Esta segregación continuada nos ha significado el cierre de oficinas más alto del conjunto de las cajas del BMN y la reducción más alta de servicios centrales. En ambos casos, la consecuencia directa ha sido la reducción más alta de puestos de trabajo, con un índice casi escandaloso si se contempla a nivel proporcional con el resto del territorio BMN y, por supuesto, del territorio BANKIA que, en nuestro caso y por las oficinas que ya tenía en Baleares, incrementa aún más la discriminación demográfica laboral.
Esta realidad sobrevenida ha situado la antigua plantilla de Sa Nostra en un escenario, ante el ERE de BANKIA, que invitaba por lógica a observar las reducciones (ya pagadas al BMN) de la actual descomposición del sector financiero en general y, más en concreto, del ámbito de las dinamitadas cajas de ahorros. No ha sido así ni de lejos. Al contrario, la apelación al efecto proporcional en la aplicación del ERE empeora la situación hasta el punto de provocar, en las Islas Baleares, muchas amortizaciones de puestos de trabajo, mucho más allá de lo razonable por solapamientos de sucursales. Una nueva discriminación contra los agravios de nuestra insularidad que reclama una respuesta política contundente. ¿Actuará en consecuencia el Gobierno de las Islas Baleares?
Las condiciones del ERE invitan a segmentar el análisis, básicamente entre los dos grandes parámetros en los que se moverá la aplicación, en función de si una persona es mayor o menor de 54 años a 31 de diciembre de 2017. Las personas que superan esta edad dispondrán de una opción que, en el marco de las circunstancias actuales, entra dentro de un marco razonable (a excepción de la retirada de un derecho público como es el de la prestación de paro, suponemos que con el visto bueno de los Ministerios del ramo) que, sobre todo atendiendo al alto riesgo de no hacerlo, las invita amablemente a acogerse a la desvinculación. Las personas que no superen esta edad pueden acogerse voluntariamente a la rescisión contractual con condiciones más difíciles. Otras condiciones se impondrán a las personas que tendrán que abandonar la entidad, de manera forzada, con la aplicación de despidos maquillados eufemísticamente. Ambos colectivos, desde ahora segregados en mayores o menores de 54 años, tienen la opción de escoger la salida, enmascarada de una falsa voluntariedad, o de enfrentarse con un alto riesgo a la preocupante alternativa que puede afectar entre el 10% y el 15% de la plantilla que permanecerá tras las desvinculaciones. Una cifra brutal.
Tras el truco del trato, y del susto típico de Halloween, nos plantamos ante la muerte laboral, es decir, ante la única alternativa que provocará (inevitablemente si no hay la reacción que correspondería al Gobierno de las Islas Baleares) un auténtico drama laboral que afectará a más de 100 trabajadores.
Las armas de destrucción masiva no se utilizan; al que las tiene, le basta con hacerlo notar y que está en disposición de utilizarlas a voluntad. Y en las islas, eso tiene un nombre: movilidad geográfica. No se puede resistir la presión que significa el trasiego de un cambio de destino que profana la conciliación de la vida familiar con la laboral. Esta movilidad geográfica (el rechazo de la que por parte del trabajador tiene efectos económicos, porque pierde las primas de la baja voluntaria) no tiene, ni con mucho, los mismos efectos sobre la plantilla de la península que sobre la de nuestra Comunidad. La desconexión de una persona que vive, trabaja y tiene todo el entorno familiar y social en las islas tiene unas repercusiones afectivas y económicas de una magnitud que no es comparable con otros territorios. Enviar una persona, sobre todo las que tienen responsabilidades familiares o personas a su cargo, desde cualquiera de las islas a trabajar a la península es precipitarla a abandonar la empresa.
La excepcionalidad que se ha hecho en los territorios con plantillas del BMN, con la rebaja de sólo un año para acogerse a la desvinculación de los más mayores, pasando de los 55 de las condiciones generales a los 54 años, en el caso del territorio de la antigua Sa Nostra es insuficiente, porque la desproporción es absoluta y el efecto no es similar, tanto en cuanto a la reducción de oficinas como de personas. A la hora de hacer efectivo el ERE, no se puede hablar de proporcionalidad territorial cuando esta proporcionalidad está hecha sobre cifras no homogéneas, cierres de centros de trabajo injustificados y aplicación de criterios de eficiencia muy discutibles y sin solución de continuidad, como hemos estado denunciando sin descanso, durante semanas.
En esta lamentable situación, no podemos esquivar nuestro más enérgico rechazo a la fechoría de los sindicatos hipotecados a la banca de desconvocar, ¡de madrugada!, la huelga del pasado día 8 de febrero. La desmovilización que generó el esquirolaje sindical entre la plantilla es la causa principal de la falta de la respuesta que había que dar al ERE en general, pero muy concretamente contra la movilidad geográfica. No nos gusta escuchar a la representante de CCOO (¡del Banco de Santander!) celebrar el acuerdo del ERE, dada la situación en que quedan los trabajadores isleños, posiblemente abocada al despido. Tras pasar la criba del ERE, contaremos los daños laborales ¡y veremos cómo se habrán ejecutado!
La mobilitat geogràfica deixa els treballadors illencs a mercè de l’empresa. Treballadors que han dedicat, honradament i professionalment, més de mitja vida laboral a la Caixa de les Balears, desmantellada i regalada per uns directius als qui no s’han reclamat i depurat les responsabilitats en la destrucció de la que va ser primera institució financera, amb finalitat social, de la nostra comunitat.
La movilidad geográfica deja a los trabajadores isleños a merced de la empresa. Trabajadores que han dedicado, honradamente y profesionalmente, más de media vida laboral a la Caja de Baleares, desmantelada y regalada por unos directivos a los que no se han reclamado y depurado las responsabilidades sobre la destrucción de la que fue primera institución financiera, con finalidad social, de nuestra comunidad.
Ni el chantaje del miedo, auxiliado con el arma empresarial que significa la movilidad geográfica para presionar a la plantilla, ni la desidia de los grandes sindicatos complacientes que hacen la vista gorda con las repercusiones de sus actos sobre la plantilla de Baleares, ni la falta de reacción política a este nuevo acto que se adentra en el coste de la insularidad, no impedirá que, desde UOB, mantengamos la vigilancia extrema para hacer frente a las arbitrariedades y los abusos que, desde la dirección, se pueda tener la tentación de cometer. Persistiremos en la defensa a ultranza de los intereses de las personas a las que representamos, al servicio de las que nos reiteramos a disposición.
